La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en cumplimiento de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 de Acceso a la Información que dicta las normas de transparencia, realizó un proceso de evaluación y selección, el cual dio como resultado que las  Empresas Mesolju Marine Services (Dique 2 y Dique 3) y Stward Agency Inc. (Muelle 8), fuesen seleccionadas para otorgarles una Autorización de Ocupación, figura de carácter temporal que se encuentra legalmente fundamentada en la Resolución 098-2002 de 21 de mayo de 2002 modificada por la Resolución 095-2009 de 29 de octubre de 2009, ambas dictadas por la AMP que autoriza la facturación a las empresas,  por ocupar áreas dentro de las instalaciones portuarias y otras áreas bajo la competencia de la Autoridad Marítima de Panamá, hasta tanto se formalice el contrato de concesión respectivo, aclarando que no se ha otorgado una “Concesión Temporal”, sino más bien una Autorización de Ocupación.

Los cánones aplicados oscilan entre 2 mil a 5 mil balboas mensuales, con base en los cálculos llevados a cabo por el departamento de Concesiones de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, cabe considerar algunos aspectos económicos de relevancia, como lo son los costos mensuales requeridos por el Astillero (B/.106,772.41) y que, mediante la figura de la Autorización de Ocupación, son asumidos por las empresas ocupantes y no por el Estado. Adicionalmente las Autorizaciones de Ocupación otorgadas generarán para la institución un monto de B/.100,491.36 solo en concepto de canon de arrendamiento durante los 12 meses de vigencia de esta figura temporal, sin contabilizar el impacto en las reparaciones de las estructuras ocupadas y la consecuente generación de empleo, lo cual totaliza aproximadamente entre ahorros, canon y demás la suma de B/.1,381,760.28.

Aunado a lo antes mencionado, y teniendo presente que las empresas ocupantes han tenido que rehabilitar sus respectivas ocupaciones para realizar sus labores, que pasan a ser patrimonio del Estado una vez finalizada la vigencia de la Autorización, se valora que la generación de ingresos no se limita únicamente al cobro del canon mensual, sino que se traduce en ahorros y plusvalía, importante para despertar el interés de potenciales operadores, sin mencionar la empleomanía que ha generado dicha reactivación temporal, la cual también genera valor económico y humano.

Es importante mencionar que el Astillero de Balboa estuvo paralizado desde el año 2018 debido a diversos procesos legales. Al ingresar esta Administración el 1º de Julio de 2019, inmediatamente se iniciaron los análisis del contrato del concesionario del Astillero Balboa y se evaluaron las diversas alternativas que solventarían la situación en la que se encontraba, para reactivar con carácter de urgencia sus operaciones; detener el avance del deterioro de las instalaciones debido a su abandono; encontrar una eficaz fuente de financiación, dentro de nuestra legislación, que, de forma temporal, contribuyera a cubrir los altos costos de mantenimiento de las instalaciones, costos que no estaban contemplados en el Presupuesto Operativo de la Autoridad Marítima de Panamá, por tratarse de una instalación dada en concesión a la empresa MEC SHIPYARDS; y finalmente, evitar que la problemática surgida en razón de las reclamaciones efectuadas por los trabajadores al concesionario, relacionadas con sus derechos laborales, incidieran en la reactivación del Astillero.

Las Autorizaciones de Ocupación, término correcto, y los Permisos Provisionales, son figuras que la Autoridad Marítima de Panamá utiliza en sus áreas de competencia en toda la República de Panamá, para obtener recaudaciones y asegurar que el uso y explotación de espacios de propiedad y bajo la regulación de la institución, generen efectivamente recaudos a nuestro presupuesto de ingresos, de acuerdo con nuestras leyes especiales.

La actual Administración ha emitido en el año 2020, cinco (5) Permisos Provisionales y 2 Autorizaciones de Ocupación, con la finalidad de activar las áreas consideradas de vital importancia para el sector logístico y de los servicios marítimos auxiliares, con la intención de estimular la generación de empleo y la aumentar las recaudaciones, en momentos donde el Estado más lo necesita.