La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desarrolla uno de los procesos más importantes de fortalecimiento de su patrimonio en las últimas décadas, mediante la regularización, delimitación y titulación de puertos, muelles, atracaderos e instalaciones marítimas bajo su administración.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo Portuario de Panamá Visión 2040 y tiene como propósito garantizar la seguridad jurídica de los bienes portuarios del Estado, fortalecer la planificación del sistema portuario nacional y crear las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones y proyectos de desarrollo en beneficio del país.

Durante muchos años, diversas instalaciones marítimas operaron sin que los terrenos que ocupaban estuvieran plenamente identificados, delimitados o inscritos a favor del Estado. Esta situación limitaba la planificación a largo plazo, dificultaba la ejecución de proyectos y aumentaba el riesgo de conflictos sobre el uso de estas áreas estratégicas.

Ante esta realidad, la AMP, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales y diversos particulares que han contribuido mediante cesiones de terreno, impulsa un programa nacional orientado a consolidar la titularidad de los recintos portuarios y ordenar jurídicamente estos espacios.

Como resultado de este esfuerzo ya se han logrado importantes avances en instalaciones estratégicas como Puerto Armuelles, Puerto Pedregal, Vacamonte, Coco Solo y Puerto Coquira, así como en la sede central de la AMP en Ancón y el edificio 1108 de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Adicionalmente, la institución mantiene en trámite la regularización y titulación de 17 de los 23 puertos menores bajo su administración, incluyendo instalaciones ubicadas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá y Darién.

“La titulación de tierras no solo brinda seguridad jurídica; también sienta las bases para el desarrollo sostenible, la inversión responsable y la gestión eficiente de los recursos del Estado”, destacó Max Florez, subadministrador encargado de la AMP.

Por su parte, Julio Jované, abogado de la Oficina de Asesoría Legal de la AMP, explicó que la formalización registral de estos recintos permitirá definir con mayor precisión los límites y la condición jurídica de cada instalación portuaria, facilitando su administración, protección y aprovechamiento a largo plazo.

Como complemento a este programa, la institución impulsa la Declaración de Recintos Portuarios mediante resoluciones de Junta Directiva, herramienta que permite delimitar formalmente las áreas bajo jurisdicción marítima y fortalecer su administración y planificación.